CGT denuncia el cierre de la Comunidad Terapéutica de Mijas y su privatización
El sindicato CGT exige a la Junta de Andalucía mantener público este centro, único en Andalucía para el tratamiento residencial de mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género, cerrado desde agosto.
Redacción · Publicada el 25 de septiembre de 2026
El sindicato CGT Andalucía ha denunciado el cierre definitivo de la Comunidad Terapéutica de Mijas, un centro público que atendía a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género. La organización sindical exige a la Junta de Andalucía que mantenga este recurso bajo gestión pública y rechaza que sus plazas se privaticen mediante concertación con entidades privadas.
Un centro cerrado desde agosto
Según explica CGT, el centro cesó su actividad en agosto, después de que la Administración andaluza alegara motivos de seguridad relacionados con el riesgo de incendio. El sindicato considera que esa justificación se ha convertido ahora en una excusa para el cierre permanente y la posterior privatización de las plazas asistenciales.
CGT destaca que la Comunidad Terapéutica de Mijas es el único centro público de Andalucía dedicado en exclusiva al tratamiento residencial de mujeres con adicciones. Su especialización permite, según el sindicato, atender a mujeres en las que se entrecruzan la dependencia, la violencia de género y la vulnerabilidad social, factores que dificultan el acceso a otros tratamientos.
Las exigencias del sindicato
CGT plantea a la Consejería competente en materia de salud varias peticiones concretas:
- Revisar el cierre definitivo y recuperar el servicio bajo gestión pública, en instalaciones seguras y adecuadas.
- Publicar los informes técnicos que justifican el cierre y las alternativas que se hayan estudiado para mantener el centro.
- Dar transparencia a los planes de concertación de plazas, sus condiciones y su financiación.
- Garantizar la continuidad asistencial de todas las mujeres afectadas, con atención especializada en adicciones y violencia de género.
- Informar y hacer partícipe a la plantilla y a su representación sindical en cualquier decisión sobre el futuro del servicio.
Rechazo a la privatización de plazas
El sindicato defiende que, ante los riesgos de seguridad detectados, la Junta debería actuar protegiendo a las pacientes, a los profesionales y la continuidad del servicio público, en lugar de suprimir el recurso de forma permanente. CGT rechaza específicamente que la respuesta al cierre sea sustituir las plazas públicas por plazas concertadas con empresas privadas.
Según la organización, la atención a mujeres con adicciones y víctimas de violencia de género requiere continuidad terapéutica, equipos especializados y coordinación con los recursos de protección, igualdad y servicios sociales, condiciones que, a su juicio, la Administración debe explicar cómo va a garantizar tras el cierre.
CGT sostiene que la pérdida de este centro supone perder un recurso público especializado cuya función no se puede reducir a un número de plazas, y reclama a la Junta de Andalucía que la seguridad, la protección y la recuperación de las mujeres estén en el centro de cualquier decisión sobre el futuro del servicio.