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El PSOE denuncia que la gestión de las VPO del sector Universidad deja sin piso al 90%

Los socialistas piden paralizar las adjudicaciones de las promociones R3, R11, R12 y R15 y revisar los expedientes rechazados.

Redacción de InforMálaga ·

Un hombre con barba y chaqueta gris habla ante un micrófono en una mesa con portátiles y vasos, en una sala con paneles de madera.
Foto: Gabinete de Prensa del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga
Solo 12 de las 91 viviendas de la promoción R15 del sector Universidad se han formalizado cuatro meses después de su adjudicación, según ha denunciado este martes el grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga. La viceportavoz socialista y responsable de Vivienda, Carmen Martín, ha calificado la situación de «muy grave e injusta» y ha señalado directamente al Consistorio por el modelo de gestión público-privado de estas promociones, que son las R3, R11, R12 y R15 y que gestionan las empresas Lagoom Living y Sogeviso. Martín ha presentado una moción que defenderá en la comisión de Derechos Sociales y Vivienda del próximo viernes, tras acompañar a decenas de familias de la Plataforma de Afectados VPO Málaga junto a la concejala socialista Mari Carmen Sánchez. La edil sostiene que se está expulsando «por la puerta de atrás y sin derecho a reclamación» a más del 90% de las personas que resultaron adjudicatarias en el sorteo celebrado ante fedatario público por el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV).

Requisitos económicos más altos que en otras promociones

La portavoz de la Plataforma de Afectados VPO Málaga, Laura García, ha detallado que casi el 50% de la construcción de estas promociones se financia con recursos públicos: más de 13,5 millones de euros en terrenos cedidos por el Ayuntamiento, más de 50 millones de fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y ayudas de la Junta de Andalucía. Según García, mientras en las promociones estrictamente públicas del mismo distrito, como la R10 o la R16, se exige un mínimo de ingresos de 15.500 euros anuales, en estas se eleva el umbral hasta los 23.300 o 23.500 euros, casi un 50% más. La plataforma también ha denunciado las trabas burocráticas de la gestora, que llega a exigir en un plazo de apenas cinco días certificados de autoliquidación de Hacienda que tardan 20 días en expedirse, registros de morosidad, sentencias de divorcio o facturas de sillas de ruedas. Una afectada del sector Universidad, Eva Moncayo, ha cifrado en torno al 95% los rechazos motivados por la aplicación rígida de las casillas del IRPF, que penaliza a quienes disfrutaron de permisos de paternidad o maternidad durante el ejercicio fiscal de 2025.

Peticiones al Ayuntamiento

En la comisión del viernes, el PSOE exigirá paralizar de inmediato la adjudicación de las viviendas mientras no se aclare la situación, realizar una revisión integral de todos los expedientes rechazados con funcionarios públicos del IMV, exigir transparencia sobre los criterios económicos aplicados por la empresa privada y aprobar un protocolo municipal común que garantice los derechos de los solicitantes. La Plataforma de Afectados VPO Málaga ha dado un plazo máximo de 72 horas al Ayuntamiento y al IMV para ofrecer soluciones por escrito antes de emprender acciones legales.

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