Los rectores andaluces reclaman en el Parlamento que el presupuesto de 2027 cubra el funcionamiento ordinario con 1.875 millones, frente a los 1.836 previstos.
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Imagen de archivo. Foto: Olaf Tausch / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)
Las diez universidades públicas andaluzas han llevado al Parlamento su reclamación de financiación para 2027. El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha comparecido en su nombre en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos para pedir enmiendas de consenso al Proyecto de Ley de Presupuestos que garanticen la suficiencia financiera del sistema universitario público y el cumplimiento del modelo de financiación.
La petición concreta es que el presupuesto de 2027 cubra el funcionamiento ordinario con 1.875 millones de euros, frente a los 1.836 millones previstos. La diferencia es de al menos 39 millones, referida solo a gastos de personal y de funcionamiento.
Los rectores reconocen la disposición al diálogo de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación y el incremento de la financiación ordinaria, pero advierten de que ese aumento sigue sin cubrir la subida real de los costes. Según los datos que manejan, nueve de las diez universidades cerraron 2024 con un déficit agregado de casi 24 millones y 2025 con cerca de 44 millones, lo que a su juicio evidencia una infrafinanciación estructural. La eficiencia en la gestión es necesaria, sostienen, pero no puede sustituir a una financiación suficiente.
El modelo de 2023 y la cláusula de salvaguarda
Las universidades valoran los aspectos positivos para la autonomía universitaria del modelo de financiación aprobado en 2023, pero reclaman aplicarlo en su totalidad. Para cumplir la cláusula de salvaguarda en 2027 calculan que hacen falta 15 millones adicionales. La cifra sube a 39 millones al añadir la estimación para actualizar el capítulo II, de gastos de funcionamiento y suministros, que no se revisa desde 2023.
Además, han solicitado implementar el mecanismo de nivelación, un plan plurianual de inversiones en los campus, la eliminación de los intereses de los préstamos públicos y una compensación específica y transparente de las bonificaciones de matrícula. También han alertado de la caída de los recursos destinados a investigación, que pasan de 158 a 127 millones, cerca de un 20 % menos.
Las universidades han recordado que la Ley Orgánica del Sistema Universitario fija el objetivo de invertir al menos el 1 % del PIB en universidad pública. En Andalucía equivaldría a 2.274 millones de euros, mientras que el presupuesto de 2027 se sitúa en torno al 0,8 %.
Cuatro compromisos que se piden a la Junta
Las instituciones académicas han demandado cuatro compromisos a la administración andaluza: culminar el segundo reparto de la financiación de 2026; revisar la cota autorizada de personal; incorporar en 2027 los recursos para garantizar la suficiencia financiera; y acordar una hoja de ruta estable para bonificaciones, nivelación, infraestructuras e investigación.
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