Más de 110 entidades piden al Defensor del Pueblo que investigue las devoluciones en Ceuta

Organizaciones sociales y de derechos humanos han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por las vulneraciones de derechos fundamentales detectadas en Ceuta durante los meses de septiembre y octubre de 2026 en los procedimientos de triaje, protección internacional, devolución y retorno de personas extranjeras.

Las entidades alertan de la devolución de personas a Marruecos sin garantías suficientes y de obstáculos para acceder a la protección internacional. Señalan que los hechos documentados afectan a personas procedentes de países en conflicto o con elevadas necesidades de protección, como Sudán o Chad, y citan como referencia la devolución a Marruecos de dos grupos de 14 y 15 personas los días 23 y 24 de septiembre. Entre las deficiencias que describen están la falta de información previa clara y comprensible, el registro incorrecto de la voluntad de pedir asilo, problemas de traducción e interpretación y la falta de asesoramiento jurídico. También apuntan a plazos muy reducidos para presentar recursos y dificultades para acceder de inmediato a la justicia gratuita, lo que, a su juicio, puede provocar que una devolución se ejecute antes de que la persona haya podido impugnarla. Las organizaciones expresan además su preocupación por la opacidad de los retornos supuestamente voluntarios de los últimos días, que cifran en 2.500 en solo una semana, y por la falta de transparencia sobre las garantías del derecho a la información.

La queja se presenta en un contexto que las entidades describen como de desamparo institucional de miles de personas que todavía no han podido acceder a ninguna atención. Entre ellas mencionan a personas en situación de especial vulnerabilidad, niños y niñas, mujeres víctimas de violencia y personas LGTBIQ+, que están en situación de calle, y aseguran que se han documentado malos tratos y torturas por parte de militares a personas migrantes.

Las entidades reclaman la paralización inmediata de cualquier devolución de personas que hayan manifestado su voluntad de solicitar protección internacional o sobre las que existan dudas de si esa voluntad se registró correctamente. Piden que se garantice desde el primer momento información comprensible, interpretación efectiva, asistencia jurídica independiente y mecanismos para corregir errores, así como notificaciones personales, plazos suficientes para recurrir y acceso inmediato a asistencia jurídica gratuita. Solicitan también una valoración individualizada de las situaciones de vulnerabilidad, en especial en el caso de infancia, víctimas de trata, violencia sexual o de género y tortura, y que se activen traslados a recursos de acogida en la península. Además, reclaman al Gobierno que haga públicos los protocolos, instrucciones y criterios que regulan actualmente el triaje, las devoluciones y el acceso al procedimiento de protección internacional, y al Defensor del Pueblo que investigue estas prácticas. La queja llega después de que más de 110 entidades denunciaran la propuesta del Real Decreto-ley que pretendía limitar de forma excepcional el asilo en Ceuta. Aunque esa normativa no ha llegado al Consejo de Ministros, las organizaciones sostienen que algunas prácticas documentadas reproducen ya de facto varios de sus elementos más restrictivos.

Entre las organizaciones que respaldan la queja están Asociación Elín, Irídia, No Name Kitchen, Novact, Red Acoge, Federación Sur Acoge, Amnistía Internacional y Oxfam Intermón.