La reforma de la dependencia blinda el 50% del coste y reduce los plazos a tres meses
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El Congreso aprobó el 16 de septiembre una reforma de la Ley de Dependencia que obliga al Estado a aportar al menos la mitad del gasto, añade más de 6.200 millones entre 2026 y 2027 y recorta a tres meses el plazo de reconocimiento. El copago y las horas de ayuda a domicilio siguen sin resolverse.
Redacción · Publicada el 13 de octubre de 2026
El Congreso aprobó el 16 de septiembre de 2026 una reforma de la Ley de Dependencia y de Discapacidad que cambia las reglas de financiación, los plazos y el modelo de cuidados. Según explica CGT Andalucía, el Estado deberá aportar como mínimo la mitad del gasto total que certifiquen las comunidades autónomas, un mínimo que queda fijado por ley.
Más dinero y menos espera
La reforma añade más de 6.200 millones de euros extra entre 2026 y 2027, cantidad que llegará a 7.239 millones en 2027. El plazo máximo para resolver y reconocer la dependencia baja de seis a tres meses. Quien ya tenga reconocida la dependencia verá reconocido de forma automática el grado de discapacidad: el Grado I equivale al 33% y los grados II y III al 65%. Se cruzarán datos con Sanidad para agilizar los trámites.
Cambios en el cuidado y en quien cuida
La ayuda a domicilio podrá cubrir acompañamientos fuera de casa, como ir al médico o hacer la compra. La teleasistencia pasa a ser un derecho subjetivo para todas las personas dependientes, con nuevos dispositivos como pulseras geolocalizables. La asistencia personal se amplía más allá del ámbito educativo o laboral. Además, se podrán combinar varios servicios en un mismo Programa Individual de Atención (PIA), por ejemplo centro de día, ayuda a domicilio y teleasistencia.
El Estado asumirá las cotizaciones a la Seguridad Social de la persona cuidadora principal. Si esta enferma de gravedad o es hospitalizada, el sistema garantiza la continuidad de los cuidados. Ya no hará falta un vínculo familiar formal: se reconoce a parejas de hecho no casadas o a personas que conviven y mantienen un vínculo estrecho.
Accesibilidad y seguros
Las administraciones ayudarán a financiar obras de accesibilidad en viviendas, como ascensores y rampas, y la carga para la comunidad de vecinos baja del 75% al 70%. Los niños de cero a seis años con trastornos del desarrollo tendrán garantizado por ley el acceso a tratamientos. Las aseguradoras no podrán encarecer los seguros de hogar o de salud por tener una discapacidad. Se crea la figura del facilitador procesal para personas con dificultades cognitivas en los juzgados.
Lo que sigue igual
Según CGT Andalucía, el copago no se elimina y el Ejecutivo vetó su supresión para personas con ELA. La organización señala que la reforma no garantiza más horas de ayuda a domicilio ni una red pública de residencias: cerca del 90% de las plazas siguen en manos privadas o concertadas. Tampoco corrige por sí sola las condiciones laborales del sector ni la desigualdad entre comunidades autónomas, que mantienen la gestión. La central añade que no hay compensación ni retroactividad para las familias que esperaron en lista de espera.
J. Luis Carpintero, médico y exprofesor de la Universidad de Málaga, colaborador de CGT Andalucía, firma el análisis.